Los centros de datos en LatAm y el caso peruano

Cada vez que utilizamos alguna inteligencia artificial o scrolleamos por Internet, generamos datos que deben ser almacenados y procesados en algún lugar que hoy en día, ese lugar importa. Los data centers dejaron de ser actores secundarios con grandes instalaciones tecnológicas y hoy son parte de la infraestructura que permite a los Estados gestionar información, proteger datos sensibles y tomar decisiones. Por eso debemos entender que, en un mundo donde la inteligencia artificial adquiere cada vez mayor peso económico, geopolítico y estratégico, controlar esa infraestructura significa tener mayor capacidad para decidir e influir a nivel global.

Y aunque no parezca, América Latina juega un papel genuinamente estratégico en esta nueva disputa pero con una simple singularidad. Si bien la región consume una significativa parte de estas tecnologías, todavía depende de infraestructuras y empresas extranjeras para sostenerlas. Por este motivo, el caso peruano expone esta contradicción y demuestra que aunque el país ha desarrollado políticas y normas para avanzar en su transformación digital, todavía enfrenta una particular disyuntiva ¿puede un Estado hablar de autonomía digital, aunque no posee la infraestructura necesaria para sostenerla?

La crisis del marco jurídico-político internacional de los últimos años, ha debilitado las relaciones del comercio internacional y la diplomacia, lo que hoy se posiciona como recurso de entendimiento es la intimidación y el uso de la fuerza; de esta forma, activos estratégicos como los hidrocarburos, minerales y cadenas de suministros ya no son meros elementos sustantivos del mercado internacional sino variables críticas de seguridad nacional. Es así, como lo van entendiendo hoy las naciones del mundo y conforme a ello establecen su política exterior.

De la misma forma, la infraestructura militar, económica y política acoge un papel clave en la gestión pública y la seguridad, además, existe un tipo de variable de características únicas, que intersecta y potencia todos los activos anteriormente mencionados, determinante en la capacidad de decisión estatal frente a los competidores internacionales: la infraestructura digital y todo el entretejido comunicacional que es el sistema nervioso de las naciones más desarrolladas, donde la capacidad de procesamiento, autonomía y rapidez de respuesta son claves en las decisiones estratégicas. Y la infraestructura digital, representado en los data centers es el soporte existencial de la Inteligencia Artificial (IA), protagonista del presente y el futuro, pero esta no es un fruto que cae sola de los árboles, cual fetichismo de la mercancía, sino que como señala Crawford:

”(…) depende de la manufactura, el transporte y el trabajo físico; de los centros de datos y cables submarinos que trazan líneas entre los continentes; de los dispositivos móviles y sus componentes en bruto; de las señales de transmisión que surcan los cielos; de los conjuntos de datos recolectados de Internet, y de los ciclos continuos de las computadoras. Todo esto tiene un costo.”¹

Es decir, la percepción en nuestra región, de ser partícipes activos y provechosos de la tecnología de vanguardia y las IAs en sus diversas aplicaciones de la vida diaria, económica y política, es engañosa. En su mayoría somos simples consumidores de servicios y facilitamos el entrenamiento de su código con nuestras consultas y actividad, otorgando datos valiosos que se traducen en patrones comerciales y de seguridad estratégica exterior. Pero para quienes ostentan la titularidad de la infraestructura digital y su cadena de suministros, sí es un activo estratégico y provechoso que incrementa la capacidad de sus Estados para tomar decisiones, coordinar políticas públicas, fiscalizar mercados y resguardar intereses estratégicos, como diría Crawford: “un certificado de poder”.²

En nuestra región existen muchas promesas incumplidas, una de ellas: la industrialización de nuestra economía. Fue un proyecto truncado pese a la buena voluntad de los gobiernos que buscaban la soberanía económica y política, mediante la planificación, y las empresas estatales. Pero, la competitividad del mercado internacional y las conspiraciones internas cerraron ese capítulo, reafirmado con el ascenso del neoliberalismo de los años noventa. Hoy, a más de cuarenta años, la región se sostiene en la exportación de materias primas y el creciente sector de los servicios.³ Se nos pasó el tren de la industrialización, pero ahora, Latinoamérica es un espacio donde confluyen intereses externos y capacidades internas, se nos presenta la oportunidad de dar uso eficiente a las nuevas tecnologías, capaces de sanear los errores del pasado.

Nuestra región vive un periodo creciente de inversiones en capacidad instalada en el sector de las telecomunicaciones, donde se destaca la infraestructura de los data centers; por ejemplo, Brasil posee centros de datos a nivel hyperscale que son instalaciones del tamaño de varios estadios de fútbol, Chile se perfila como Hub tecnológico del Pacífico en conectividad Cloud, es decir, va logrando una infraestructura unificada de nubes públicas y privadas, con altos estándares de seguridad y eficiencia. Uruguay, a través de la estatal Antel, anunció la construcción de un centro de datos de duplicación especializado en inteligencia artificial, con acceso a cables submarinos y siendo base para información sensible, gestión y seguridad del gobierno. En el Perú contamos hasta la fecha con data centers concentrados en el sector corporativo y empresarial pero sin impacto en el sector público ni de gobernanza digital.

Sin embargo, las tensiones entre el sector público y privado en torno a los data centers y la tecnología de las IA comienzan a ser más frecuentes. En 2018 la Unión Europea, regulariza el sector con un Reglamento de Protección de Datos y las condiciones sobre la transferencia internacional de datos, China también ejerce control férreo en su ciberespacio público y también del sector privado.⁴ Asimismo, surgen problemas de dependencia respecto sistemas de IA como Palantir que en Gran Bretaña brinda servicios de optimización al Servicio Nacional de Salud y emergen críticas respecto al control de datos y posibles bloqueos por razones políticas, para superar esto, se sugiere otorgar incentivos a alternativas locales para que puedan desarrollarse, como es el caso de Alemania que sustituyó el uso de Microsoft Teams por una aplicación de origen nacional.⁵

Se trata de buscar una regulación responsable del mercado de servicios privados de las IAs, relativo a los data centers y la conectividad en general, ya que, la ventaja de los privados es su flexibilidad y rapidez en la implementación de sus servicios, pero a su vez, la vulnerabilidad de datos y activos estratégicos, en desmedro de los usuarios. Nuestra región, si se lo propone, tiene el potencial geográfico de sustentar infraestructura digital y ser atractivo de inversión, la cuestión es, que el Estado cuente con soberanía estratégica sobre su propia infraestructura digital y por otro lado, regule y supervise los data centers privados conforme a los principios de la libre competencia en armonía con los intereses nacionales, porque como menciona Caicedo:

”(…) en el contexto europeo se observa una tendencia hacia la densificación normativa y la formalización de obligaciones jurídicas, en el ámbito latinoamericano predomina un enfoque más flexible, pero también más fragmentado (…)“⁶

es necesario uniformizar nuestro ecosistema regulatorio.

Los centros de datos del Estado peruano en general son básicos y responden a tareas administrativas de almacenaje y procesos ordinarios en una red mixta de servidores propios (CPU) y servicios externos en la nube. Es la Plataforma Nacional de Gobierno Digital que funge como un esquema híbrido entre las instituciones con servidores físicos y almacenamiento en nubes comerciales (Huawei Cloud, Amazon Web Services, etc). Y en lo que respecta a la ciberseguridad es el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) que monitorea y coordina respuestas frente a ataques cibernéticos, para ello, están los Equipos de Respuesta que ante situaciones de riesgo intervienen en conexión con el CNSD y a nivel de gobernanza tenemos a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, pronto a su esperado fortalecimiento con la anunciada Autoridad Nacional Digital.

Centro de Datos en México © Thomson Reuters Foundation

Sin embargo, existe una deficiencia en seguridad digital evidenciado en los casos de los últimos años con extracción de información a la PNP, plataformas de servicio al ciudadano, el caso de los Guacamayaleaks entre otros que muestran la vulnerabilidad de los datos y plataformas estatales, exponiendo información sensible y poniendo en peligro los activos críticos nacionales. Y en el caso de la gestión pública, persiste la lentitud de procedimientos, la duplicación de funciones, deficiente ejecución del presupuesto y la fragmentación de funciones y competencias sin la capacidad técnica, que últimamente ha buscado sanearse mediante políticas y normativa que buscan agilizar los procedimientos mediante la digitalización y la modernización del Estado. Como la reciente propuesta de la Autoridad Nacional Digital que además de simplificar trámites y digitalizar la identidad de los ciudadanos para el acceso a los servicios, busca la preciada articulación de las funciones del Estado.

Es cierto, tenemos la problemática de no contar con una cadena de suministros nacional (insumos, microchips Nvidia, personal técnico, tecnología de enfriamiento y mantenimiento) capaz de sostener un data center de hiperescala, también surge el reto mayúsculo de garantizar el fluido eléctrico constante cuando en nuestro país dependemos de centrales hidroeléctricas y térmicas que ante un periodo de estiaje como en el 2023 se tuvo que recurrir al diésel, es decir, no tenemos un ecosistema energético confiable, podemos sumar las variables medioambientales y sociales que sin una gestión sostenible se convierten en obstáculos crecientes. La mera inclusión de infraestructura digital y normativa sectorial no es suficiente para mejorar la gobernanza.⁷

El carácter regulador del Estado, no lo limita de incorporar capacidades materiales propias cuando se comprometen intereses estratégicos. Más aún, cuando el mundo se encuentra en una transición del orden internacional y la naturaleza del Estado vuelve a estar en cuestión. Pero en nuestro país y parte de latinoamérica, más allá del debate de la esencia del Estado, es la problemática de su propio funcionamiento y eficacia que son en gran parte deficientes, y Caicedo es precisa en señalar que:

”(…) los principales desafíos radica en la insuficiente preparación técnica, organizativa y cultural de muchas Administraciones para asumir procesos complejos de automatización decisional”.⁸

Esto puede incluso afectar su funcionamiento y confianza en la ciudadanía, la autora también sentencia que:

”(…) la resistencia institucional al cambio, la fragmentación administrativa y la falta de coordinación entre departamentos pueden limitar significativamente la efectividad de las estrategias de digitalización pública”.⁹

Sin duda, se trata de una problemática compleja y enrevesada, por lo pronto, es necesario advertir que es imperativa la regulación a los data centers que en el Perú ya son muchas empresas registradas para operar en el sector según el Environmental Reporting Collective,¹⁰ entonces, es importante contar con un marco normativo y entes reguladores que evalúen este nuevo mercado de datos e instalaciones físicas con ligazón energética y de seguridad pública. Ahora, es necesario que dentro de un Estado regulador como el nuestro, el enfoque de la capacidad de decisión estatal se fortalezca, la mínima intervención estatal en conjunción con el rol de los reguladores tiene que articularse con todo el aparato estatal y que las acciones por medios de programas, normas o políticas tengan precisión y efectos concretos en la nación, porque como dijo Carl Schmitt, no se puede renunciar a toda decisión política buscando crear un orden moral o económicamente puro, porque “Lo político no desaparecerá de este mundo debido a que un pueblo ya no tiene la fortaleza o la voluntad de mantenerse dentro del ámbito político. Lo que desaparecerá será tan sólo un pueblo débil”.¹¹

Finalmente, es necesario converger las posibilidades y capacidades de la región con nuestro país para no repetir los errores del pasado. La disponibilidad y acceso a data centers estratégicamente soberanos, es una herramienta fundamental para el Estado; la tecnología de las IAs tienen el potencial de agilizar, simplificar y optimizar la capacidad de decisión del Estado y repercutir de forma positiva en los sectores estratégicos y de servicios públicos. El Perú cuenta con informes y políticas de planificación a largo plazo pero como señala Villagra:

”(…) dichas políticas establecen orientaciones generales para la acción del Estado, pero no desarrollan una secuencia doctrinaria que vincule de manera explícita los intereses nacionales, los objetivos nacionales, la Estrategia Nacional, las políticas de Estado, el planeamiento estratégico y las capacidades nacionales dentro de una misma lógica de conducción del Estado.”¹²

A partir de ese diagnóstico, considero una limitación material del Estado peruano, al no contar con infraestructura especializada, para poder converger sus políticas, normas, intereses sectoriales y necesidades y que servidores y funcionarios sean partícipes de ello, es necesario recurrir a las herramientas del procesamiento de información que centralice, ordene y potencie la conducción del Estado. Una articulación integral y compleja que de forma progresiva faculte al Estado en su capacidad de decisión con mayor autonomía dentro de un sistema internacional competitivo.

Renzo Aldair Juipa Peña es egresado de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente realiza prácticas en el Organismo supervisor de la inversión privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Sus intereses de investigación se centran en la geopolítica, el Derecho regulatorio y la Gestión Pública.

Bibliografía

1. Kate Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial: poder, política y costos planetarios, trad. F. Díaz Klassen (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2022).
2. Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial.
3. Research Nester, América Latina (México, Argentina, Resto de América Latina), 2025, https://www.researchnester.com/es/regional-insights/latin-america.
4. Goizueta, citado en Vanessa Caicedo, “De la Regularización a la Implementación de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública y la Construcción de una Gobernanza Algorítmica,” Revista Iberoamericana de Derecho Informático, n.º 18 (2026): 20–45.
5. “Gran Bretaña estaría loca si abandonara Palantir,” The Economist, 20 de agosto de 2026, https://www.economist.com/leaders/2026/08/20/britain-would-be-bonkers-to-ditch-palantir.
6. Caicedo, “De la Regularización,” 20–45.
7. Fernando Pérez, “Data Centers, IA y la trampa del margen de reserva de energía,” FPL Consulting SAC, 2026, https://www.linkedin.com/pulse/data-centers-ia-y-la-trampa-del-margen-de-reserva-n5n9e/.
8. Caicedo, “De la Regularización,” 20–45.
9. Caicedo, “De la Regularización,” 20–45.
10. Environmental Reporting Collective, “Dirty Data. El costo de las infraestructuras de centros de datos que impulsan la IA y las personas que pagan el precio,” consultado el 20 de agosto de 2026, https://www.dirtydata.earth/.
11. Carl Schmitt, El concepto de lo político (Madrid: Alianza Editorial, 2009).
12. M. Villagra, “Repensando el poder nacional en el Perú del siglo XXI: Una arquitectura estratégica para su construcción,” Centro de Altos Estudios Nacionales 4, n.º 1 (Enero–Junio 2026).

Nota editorial

Este trabajo representa exclusivamente las opiniones del autor o autores. Open Andes es un think tank y editorial independiente, y no adopta posturas institucionales sobre asuntos de política pública.